La ley que se denomina de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación, supone la incorporación al ordenamiento español de la citada Directiva que obliga a los operadores a guardar los datos entre 6 y 24 meses para mejorar la lucha contra el terrorismo y otros delitos graves. Si los actuales trabajadores de Google unieran sus acciones, opciones sobre acciones y planes de pensiones que no pueden cobrar cobrarían más de 4.000 millones de dólares.